El conflicto político vasco
Por Lasker
Cuando
se le pregunta a un nacionalista por las causas del terrorismo de
ETA, suele responder que la principal es la existencia de un
conflicto político. Puesto que España impone su dominio sobre el
pueblo vasco, una parte de sus ciudadanos reaccionan mediante el
ejercicio de la violencia. Según esta teoría, como la raíz del
problema es un "conflicto político", el terrorismo
subsistirá en tanto no se resuelva aquél. Los nacionalistas
aceptan que las acciones de ETA son delitos y que deben perseguirse,
pero no dejan de insistir en la inutilidad de la acción policial
para resolver la que, según ellos, es la "cuestión de
fondo". La solución de la parte política del problema sólo
podría ser, siempre desde la opinión nacionalista, el
reconocimiento de los derechos de Euskadi, particularmente la
autodeterminación y, como consecuencia de ella, la independencia.
Por lo tanto, el fondo del asunto parece pivotar sobre dos ejes: el
conflicto político y el derecho de autodeterminación. Merece la
pena reflexionar un poco sobre ellos.
¿Qué
es un conflicto político? La convivencia entre las personas genera
una lucha de intereses. Los individuos suelen agruparse para
defender las apetencias que tienen en común y buscan obtener poder
para llevarlas a cabo. Eso es, ni más ni menos, la política. No se
trata de "servir a los demás", o de buscar "el bien
común", o de lograr otros fines más o menos decentes. Estas
estimables cualidades podrán concurrir en los interesados en mayor
o menor medida, pero no forman parte del problema, excepto en la
medida en que, para ponerlas en práctica, es necesario primero
luchar para obtener el poder y después para mantenerlo. La
política, en genial definición de Loewenstein, no es sino la
lucha por el poder. La ciencia política estudia los modos y las
formas en que los grupos o los individuos luchan por el poder, bien
para alcanzarlo, bien para mantenerlo. En ese contexto hay que
situar el concepto de "conflicto político", que en el
caso que nos ocupa no es sino un caso particular de lucha por el
poder, es decir, una especialidad más en la casuística que la
política admite. Lo importante es señalar que el conflicto
político vasco es en esencia una pugna por el poder. Las personas y
grupos en liza quieren obtener, gestionar o maniobrar con el poder
para conseguir sus fines respectivos. Desde ese punto de vista, el
conflicto político vasco, si queremos llamarlo así, no se
diferencia de ningún otro conflicto político. Las formas y los
procedimientos posibles para alcanzar, ejercer o mantener el poder
son comunes a todos los conflictos políticos.
Esos
procedimientos pueden ser de muchas clases, pero en lo que ahora nos
importa se reducen a dos: los que están sometidos a las reglas de
juego de la democracia y los que no lo están. Sembrar el terror
entre las personas mediante el asesinato y la extorsión es, en la
medida en que persigue obtener poder, uno de los modos existentes
para la lucha política, pero no está, obviamente, entre los
primeros. Suele diferenciarse entre terrorismo y política, pero la
distinción es falsa. La política es un concepto mucho más amplio.
La democracia es una forma de hacer política. La violencia,
también. La cuestión es dónde se sitúa cada uno. Así pues,
decir que el terrorismo etarra es la consecuencia de un conflicto
político es una falacia, porque el terror es sólo la forma
escogida por algunos para luchar en ese conflicto. En política, es
decir, en la lucha por llevar a cabo los proyectos particulares o
colectivos que la política supone, cabe admitir los derechos del
adversario o intentar eliminarlo físicamente. El mayor intento de
la humanidad por excluir la segunda opción se llama democracia y,
por desgracia, sigue siendo un privilegio al alcance de unos pocos.
Precisamente de lo que se trata es de que ninguna aspiración de una
persona o grupo justifica que se ejerza el poder mediante la fuerza
bruta, en este caso el terror.
El
segundo eje de la ideología nacionalista es el derecho de
autodeterminación, uno de los conceptos más manejados, manipulados
y a la vez ignorados en el debate político. Fue formulado por vez
primera en la Revolución francesa de 1789 y olvidado rápidamente
por el empuje imperialista de Napoleón. Resurge durante el siglo
XIX para integrarse en la doctrina del Estado nacional, "que
reivindica el derecho de toda comunidad nacional a formar un Estado
por considerar a las naciones como únicas entidades naturales"
(Verdross). El concepto cobra fuerza tras la Primera Guerra Mundial
y es utilizado por el presidente norteamericano Wilson para
delimitar el trazado de fronteras entre los nuevos estados nacidos
de la desintegración del Imperio Austro-Húngaro. Como hemos vivido
en nuestros días, la solución no fue precisamente afortunada. En
cualquier caso, el derecho a la "libre autodeterminación de
los pueblos" está recogido en dos artículos de la Carta de
las Naciones Unidas, con la importante salvedad de que ni precisa el
concepto de "pueblo" ni establece su contenido
(independencia o autonomía). La única aplicación práctica que en
el Derecho internacional se ha hecho de esos preceptos de la Carta
ha sido la declaración de los regímenes coloniales como contrarios
a aquélla. Desde el punto de vista jurídico, el pueblo del País
Vasco tiene el mismo derecho a la autodeterminación que el pueblo
de Ponferrada.
Defender
que el País Vasco es titular de un derecho a la autodeterminación
es cuando menos temerario y, desde luego, plantea una larga lista de
cuestiones irresueltas (tal vez irresolubles). Dejando al margen el
"detalle" de que el territorio vasco forma parte
integrante de España desde el nacimiento de ésta como Estado -como
nación, desde mucho antes según opiniones muy fundadas-, habría
que dilucidar qué se entiende por País Vasco, quiénes entre sus
habitantes tendrían derecho al voto, la reversibilidad o no de su
decisión, el papel de los ciudadanos del resto de España y otras
innumerables. Tales problemas generan los suficientes desacuerdos
como para que sea razonable sostener que el "conflicto
político vasco" está muy lejos de resolverse, como sin
resolver están otros muchos conflictos políticos de naturaleza muy
diversa. Lo difícil de entender es que se acepte que unos
conflictos políticos generen crímenes y que no se acepte en otros.
Tal vez esto explique, efectivamente, que haya quienes, ante la
evidencia de que sus deseos no podrán cumplirse, de que su opinión
no podrá ser impuesta pacíficamente, lo intenten por la fuerza. De
lo que no debiera haber dudas es de cuál debe ser la posición,
frente a ellos, de quienes sí creen en la democracia como único
modo legítimo de hacer política.
17
mayo 2002
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Bibliografía
consultada:
-
Karl
Loewenstein, Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona,
1976.
-
Alfred
Verdross, Derecho Internacional Público, Aguilar, Madrid,
1976.