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Batasuna, fuera de la ley

Por Mitus

Me piden que dé mi opinión acerca de la Ley de Partidos Políticos y supongo que debo hacerlo. ¿Para qué, si no para escribir sobre asuntos complicados, se creó Farsalia? Pero yo había concebido la revista como un paraíso del intelecto, un festival de las ideas, y me encuentro expresándome incómodo por el recuerdo de los muertos, el miedo a los asesinos y el espectro de un enfrentamiento civil. La frase "hasta aquí hemos llegado" pronunciada por el presidente Aznar tras el atentado de Santa Pola fue recibida con alivio, pero me pregunto si todos los que la han aplaudido son conscientes de la magnitud del envite. El Estado de Derecho ha declarado la guerra al terrorismo de ETA. No podía ser de otro modo. Pues bien: ahí la tenemos. Ahora hay que ganarla con la fuerza de la razón.

En los primeros tiempos de la transición se discutía la legalización del Partido Comunista. Los contrarios a ella argüían que el comunismo era una ideología opuesta a la democracia y que no tenía sentido que un sistema democrático admitiera en su seno a una organización política cuyo objetivo era precisamente sustituir ese sistema por la dictadura del proletariado, de la que eran ejemplos contundentes los regímenes soviético, chino y cubano, por citar los más representativos. Pero la voluntad de convivencia pacífica de los comunistas españoles despejó las dudas y se hizo lo que se tenía que hacer. De hecho, con posterioridad se registraron legalmente partidos políticos mucho más extremos de derecha e izquierda, entre los que se encontraba Herri Batasuna.

Alguna vez hemos escrito que el Derecho, aunque a veces se aparente lo contrario, no se funda sin más en razonamientos abstractos. Las leyes responden también a necesidades propias de una época, a los problemas concretos de una comunidad. La pujanza de una burguesía harta de los privilegios de una aristocracia improductiva propicia la Revolución Francesa y con ella nace, junto con la independencia de Estados Unidos, la democracia moderna. Los abusos de la Revolución Industrial son el origen del marxismo. La crisis económica, la pobreza y los desórdenes generalizados en la Europa surgida tras la primera guerra mundial son el caldo de cultivo del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán. ¿Es extraño que en Alemania el nazismo esté prohibido? ¿Es un atentado a la libertad de expresión de los alemanes el que sea incluso delictivo negar el Holocausto? Podrán argüirse, a favor o en contra, muchas razones teóricas o filosóficas. Lo cierto es que las sociedades legislan no sólo conforme a un sentido abstracto de la justicia, sino también de acuerdo con su historia y sus experiencias.

Para entender la situación a la que se ha llegado en España con Batasuna es preciso retroceder, una vez más, a los primeros años de la transición política. El Gobierno de entonces idea el sistema de autonomías para aplacar la ambición separatista de los nacionalismos vasco y catalán. Se efectúan concesiones objetivamente contrarias a la lógica. Se llega al extremo de aceptar como bandera vasca la ikurriña, que era la enseña de un partido político. La Constitución primero, y los estatutos de autonomía después, acaban con el estado centralista y reconocen la identidad de diversas "nacionalidades y regiones". Todo ello con dos objetivos supremos: la desaparición de ETA y la articulación de un proyecto de España asumible por todos. La frustración actual resulta de que, veinticinco años después, todo aquel esfuerzo no ha servido de nada. El PNV se ha radicalizado y ETA sigue matando. Es la constatación de que las concesiones y los miramientos son inútiles lo que explica la posición actual del Gobierno y el respaldo socialista. Y el nacionalismo, por primera vez, ve cómo ahora, libre de complejos y prejuicios, España le dice "no". Pero no es la negativa de un Estado débil, recién liberado del franquismo. Es un "no" de la España democrática, de los valores de tolerancia y dignidad individuales que están siendo concienzudamente borrados del País Vasco, al menos para la mitad de su población.

En otras palabras, España ha perdido el miedo a tener la razón y a reivindicarla en paz. Quienes agitan los vientos del enfrentamiento civil son quienes lo desean. Con todo el riesgo que supone emitir una opinión personal, digo que en este asunto hay un bando que quiere el conflicto y otro que no lo quiere, pero que, ahora, tampoco lo teme. Se enfrenta el terror con la razón y el Derecho. No puede actuar en la legalidad quien defiende el crimen. ¿Cualquier idea cabe en una democracia? Pues no. Las hay que no caben. Han hecho falta veinticinco años y unas insoportables condiciones de vida sufridas con valor por los vascos no nacionalistas para que se suscitara un consenso político en torno a este sencillo principio.

7 octubre 2002


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